ADQUIERE "EL MITO DE LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA"

lunes, 18 de septiembre de 2017

"El 'remedio' Kumamoto" (Revista Proceso, 17 de septiembre, 2017)

Pedro Kumamoto y Aristóteles Sandoval pactan su reforma electoral
John M. Ackerman

La enfermedad es evidente y a los ojos de todos. Cada año México derrocha enormes cantidades de recursos públicos en los partidos políticos y las instituciones electorales. En 2018 los partidos recibirán 12 mil millones de pesos, incluyendo su financiamiento federal y estatal, y el gasto operativo del INE y el TEPJF juntos rebasará 22 mil millones de pesos.

Quienes pagamos impuestos no tenemos por qué mantener a tantos burócratas inútiles y dirigentes corruptos. Sin embargo, el remedio que pactó el diputado "independiente” Pedro Kumamoto con el gobernador priista de Jalisco, Aristóteles Sandoval, es peor que la enfermedad.

La reforma, ya aprobada por el Congreso de Jalisco y avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, modifica la fórmula para calcular el monto de financiamiento público para los partidos en el estado. A partir de 2019 la bolsa total, antes de su reparto a cada uno de los partidos, no se calculará en función de la cantidad de votantes inscritos en el padrón electoral sino de acuerdo con la cantidad de votos válidos emitidos en la urna en la elección inmediatamente anterior.

Kumamoto alega que esta reforma ayudará a renovar el sistema político y a acercar a los partidos con la ciudadanía. Pero en realidad ocurrirá exactamente lo contrario.

Primero, la nueva ley incentiva la abstención. Con el fin de "castigar a los partidos” y desde un punto de vista engañoso de "todos son iguales”, los ciudadanos más conscientes ahora cuentan con el pretexto perfecto para justificar la irresponsabilidad ciudadana de quedarse en casa el día de las elecciones...

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lunes, 11 de septiembre de 2017

"Los escombros de Oaxaca y del régimen Peñista" (La Jornada, 11 de septiembre, 2017)

 Angélica Rivera y Paulina Peña derraman lágrimas de cocodrilo
John M. Ackerman

La indignante utilización política del sis­mo de 8.2 en la escala de Richter revela el nivel de cinismo y desesperación del régimen. Sólo en un contexto de total devastación pueden políticos tan impresentables como Enrique Peña Nieto, Rosario Robles y Alejandro Murat pasear entre la gente sin recibir una lluvia de expresiones de repudio e indignación popular. Apenas unas horas antes del terremoto, Peña y Murat tuvieron que llegar en helicóptero a la inauguración del Centro de Convenciones de Oaxaca, para esquivar la protesta organizada por los maestros de la sección 22 en contra de la reforma educativa neoliberal y la masacre de Nochixtlán.

Peña Nieto y su grupo desprecian profundamente al sur, los indígenas y los pobres. Todos recordamos cómo durante la campaña presidencial de 2012 su hija Paulina retuiteó un mensaje en defensa de su padre que criticaba a "la bola de pendejos, que forman parte de la prole y sólo critican lo que envidian". Antes de disparar cobardemente a la multitud el 19 de junio de 2016 en Nochixtlán, Oaxaca, los mismos agentes federales que ahora entregan limosnas gritaron, "¡Pinches oaxacos, ríndanse!" "¡Putos huarachudos!"

Este jueves pasado los policías golpearon brutalmente a los maestros oaxaqueños afuera del Centro de Convenciones (véase: http://ow.ly/u9jt30f2PpL). Y cuando Peña anunció hace años su proyecto de zonas económicas especiales para el sur del país, dejó ver su profundo racismo al referirse a los supuestos "rezagos ancestrales" en la región (véase: http://ow.ly/NL5j30f2Q5x).

Los mismos políticos que tanto desprecian al sur por su larga tradición de conciencia social y dignidad rebelde, ahora derraman lágrimas de cocodrilo a raíz de la destrucción en Oaxaca y Chiapas. Hasta Angélica Rivera y la misma Paulina Peña colocaron sus maquillajes más caros y sus expresiones de dolor más teatrales para inaugurar un centro de acopio del DIF el sábado pasado.

Los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) son públicos y el artículo 134 de la Constitución prohíbe de manera tajante que la propaganda gubernamental utilice "nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público". En lugar de sacarse fotografías y lanzar palabras huecas desde los escombros, los funcionarios públicos tendrían que dar una muestra de humildad y misericordia coordinando silenciosa y transparentemente las labores de rescate y reconstrucción...

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lunes, 4 de septiembre de 2017

"Aprender del fraude" (Revista Proceso, 3 de septiembre, 2017)

John M. Ackerman

En los próximos días, Alfredo Tercero asumirá el trono de Toluca para seguir malgobernando el Estado de México. El primo de Enrique Peña Nieto se dedicará en cuerpo y alma a saquear todos los recursos de la entidad con el fin de canalizarlos hacia la elección presidencial de 2018. Si bien fue importante para el régimen mantener el poder sobre la entidad más poblada de la República, la próxima elección presidencial será literalmente una cuestión de vida o muerte para el partido de estado, el PRI, y sus aliados pactistas del PAN y el PRD. 

¿Qué hemos aprendido de la experiencia con el fraude en el Estado de México? ¿Cómo evitar que las elecciones federales de 2018 tengan el mismo desenlace que las locales de 2017? 

La lección más importante es que las instituciones electorales son nuestros peores adversarios. No solamente se hacen de la vista gorda frente al fraude sino que promueven activamente la impunidad y el atropello de la ley. 

Hay que desconfiar del árbitro. Es necesario acabar con cualquier resquicio de ingenuidad institucionalista para asumir directamente, como ciudadanos, la responsabilidad de garantizar el ejercicio de la soberanía popular el próximo año. 

Para muestra, un botón. El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) ha rechazado la solicitud ciudadana de #NiUnFraudeMás (http://niunfraudemas.org/) de revisar todas las boletas electorales utilizadas en la pasada elección para gobernador del Estado de México, con el fin de verificar el conteo oficial, con el argumento que la transparencia generaría “un riesgo o amenaza a la seguridad nacional”. De acuerdo con el Comité de Transparencia del IEEM (resolución 00245/IEEM/IP/2017), la opacidad es necesaria para “evitar especulaciones [que] pondrían en riesgo el Estado Constitucional y de derecho y se amenazaría la gobernabilidad democrática”...

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"Peña Nieto is not even trying to solve Mexico's problems. He is the problem" (The World Today, China Global TV, September 3, 2017)

ANALYSIS OF PEÑA NIETO´S 
5TH STATE OF THE UNION ADDRESS
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lunes, 28 de agosto de 2017

"Las Golondrinas al INE" (La Jornada, 28 de agosto, 2017)

John M. Ackerman

La solicitud de financiamiento de 18 mil 256 millones de pesos para alimentar al elefante blanco llamado Instituto Nacional Electoral (INE) durante 2018 es una agresión inaceptable a la dignidad ciudadana. En lugar de premiar la indolencia, el cinismo y la complicidad fraudulenta de los consejeros electorales, la sociedad tendría que castigarlos con su despido inmediato, así como remplazarlos con nuevos consejeros verdaderamente ciudadanos que presten sus servicios de manera gratuita a la nación.

Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Marco Antonio Baños, Adriana Favela, Benito Nacif, Enrique Andrade, Roberto Ruiz, Pamela San Martín, Jaime Rivera, Beatriz Zavala y Dania Ravel han demostrado ser "no idóneos" (Aurelio Nuño dixit) para sus altas responsabilidades públicas. Su aval público al fraude electoral cometido en el estado de México y su activo encubrimiento de los ríos de dinero ilícito que fluyeron a la campaña del primo de Enrique Peña Nieto, Alfredo del Mazo, han confirmado una vez más su falta de independencia y autonomía.

Urge recuperar la legitimidad perdida. Los primeros "consejeros ciudadanos" del antiguo Instituto Federal Electoral (IFE), liderados por Miguel Ángel Granados Chapa, José Agustín Ortiz Pinchetti y Ricardo Pozas Horcasitas entre 1994 y 1996, no cobraban salario alguno por su labor. Sin embargo, en apenas dos años lograron mucho más que los actuales burócratas forrados de dinero alcanzarán a hacer en toda su vida.

Cuando el árbitro cuenta con la confianza de la sociedad, las denuncias fluyen de manera natural y los ciudadanos se encargan directamente de hacer valer la ley. Tal y como señalaron los doctores Mathew McCubbins y Thomas Schwartz en su clásico estudio publicado en 1984 en la American Journal of Political Science, las "alarmas de fuego", activadas por los ciudadanos en caso de alguna irregularidad, siempre serán más efectivas y eficientes que las constantes "patrullas de policía", que son muy costosas y fácilmente burladas por los delincuentes...

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lunes, 21 de agosto de 2017

"López Obrador y la institucionalidad democrática" (Revista Proceso, 20 de agosto, 2017)

John M. Ackerman

Carmen Martínez, Fredy Martínez, Augusto Cruz, Epifanio Domínguez, presos políticos de Chiapa de Corzo, libertad inmediata.

Entre todas las calumnias y mentiras que cotidianamente se lanzan desde las altas esferas del poder económico y social contra Andrés Manuel López Obrador, la que ofende más a la inteligencia y la lógica es la acusación de que la llegada del tabasqueño a Los Pinos implicaría una amenaza para la institucionalidad democrática del país.

Los adversarios del futuro candidato presidencial de Morena no se cansan de acusarlo de ser un “populista” que supuestamente no respeta las leyes o la división de poderes. Advierten que como presidente podría actuar como un pequeño dictador que no permitiría ningún límite a su poder y aplastaría a sus adversarios. Más vale malo por conocido que bueno por conocer, reza esta perversa lógica conservadora y derrotista.

El primer error con este enfoque es que supone que México hoy gozaría de algo que podría llamarse “institucionalidad democrática”.

Habría que hacernos una serie de preguntas serias al respecto: ¿Existe alguna institución del Estado mexicano que hoy funcione correctamente de acuerdo con su mandato constitucional o legal? ¿La Suprema Corte imparte justicia? ¿Las fuerzas armadas protegen al pueblo? ¿La Presidencia de la República fomenta el bienestar de los mexicanos? ¿El Congreso de la Unión legisla a favor del interés público? ¿La Procuraduría General de la República combate la impunidad? ¿La Secretaría de Relaciones Exteriores defiende la soberanía nacional? ¿Los institutos electorales garantizan comicios libres, limpios y auténticos?....

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